El precio de la improvisación

Mantenerse positivo es objetivamente cada vez mas difìcil en Colombia. Se percibe una improvisación y una desarticulación importante en el gobierno, y una influencia grande de ideologías, dogmas, supuestos falsos o, en el mejor de los casos, ingenuos.

Mantenerse positivo es objetivamente cada vez mas difìcil en Colombia. Se percibe una improvisación y una desarticulación importante en el gobierno, y una influencia grande de ideologías, dogmas, supuestos falsos o, en el mejor de los casos, ingenuos.

La formulación de políticas públicas es complicada y compleja. Por eso es que los procesos y procedimientos son lentos y tortuosos, porque requieren de estudios de entender las consecuencias en varias aristas -financieras, técnicas, jurídicas, sociales- , de consensos y cintura política. Esta última, una de las mayores habilidades que tiene el Presidente, puede que esté comenzando a amainar. Y las cosas que se anuncian y se hacen, mas que buscar resolver problemas los problemas son políticas populistas detrás de las cuales se justifica el “cambio” prometido en campaña.

Congelar la tarifa de peajes es el mas reciente acto populista. “Con el congelamiento del precio del Diesel y el de los peajes prácticamente no habrá incrementos de costos de transporte de carga y alimentos este año. Esta es una medida antinflacionaria estructural”, manifestó el Presidente por Twitter (trinar y no explicar, señal inequívoca de populismo, al igual que sacar a la calle a la población para discutir reformas muy complejas). Nada mas lejos de la realidad. Según la matriz insumo-producto del Dane, el sector transporte pesa alrededor del 8.1% en la estructura de costos de la economía. Si los peajes son alrededor del 20% de los costos de un transportador, se está afectando el 1.6% de los costos totales, lo cual tiene un impacto bastante menor sobre la inflación.

Los efectos negativos de la medida, en cambio, serán notables. Se está afectando la seguridad jurídica por la modificación unilateral por parte del gobienro de los contratos de concesión. Esto aumenta el riesgo de financiar este tipo de proyectos, por lo que las fuentes de financiación -tanto inversionistas como bancos y fondos de deuda- seguramente lo pensarán dos veces para seguir financiando proyectos de infraestructura.

Adicionalmente, se está abriendo un boquete fiscal de manera irresponsable. Con unos cálculos muy sencillos, y asumiendo que el hueco de financiación este año será de alrededor de $1 billón al año por cuenta de esta decisión, el esfuerzo fiscal de los próximos 3 años -asumiendo ajustes por inflación en el futuro- podría ser de $5 billones. Esto asumiendo que no hay default en los contratos de concesión actuales, lo cual sería el escenario mas catastrófico de todos. Y cubrir el déficit con valorización, aunque la ley lo permite y suena razonable desde el punto de vista conceptual, va a ser complejo desde el punto de vista práctico, además de que el pago por valorización se puede diferir a 20 años según la reglamentación actual.

Como si esto fuera poco, también existe otra fuente de riesgo, a través de la reinterpretación de la fórmula de liquidación de lo que se conoce como el DR. Dentro de la estructura de los contratos 4G, el DR es un pago que debe hacer el estado cada 8 años para cubrir déficits de tráfico. Este componente del ingreso de los concesionarios es crítico para la financiación. Si finalmente estos pagos no se van a dar como están planeados -por tiempo o por monto- se genera mas incertidumbre para la financiación de los proyectos. El país necesita es mas infraestructura, no menos, para lograr afectar estructuralmente la inflación. Esto se logra creando unas condiciones aceptables para la financiación de proyectos, lo que pasa inevitablemente por generar confianza jurídica. Desafortunadamente, el populismo a veces es mas fuerte.